Dependencia

Campaña informativa para advertir de las consecuencias que tendrá sobre las trabajadoras el nuevo convenio de la Dependencia

El texto incluye cláusulas que degradan el trabajo de las gerocultoras y ponen en peligro los puestos de limpieza

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha iniciado una campaña informativa para explicar las consecuencias negativas que tendrá el VII Convenio Estatal de la Dependencia para todas las trabajadoras en su desempeño diario. Se trata de la primera medida que emprenden para hacer frente a un convenio que califican de especialmente dañino, pues deteriora aún más un sector muy precarizado. El grueso del personal de Dependencia cobra por debajo de los 1.000 euros y el convenio los mantendrá en esa franja, incumpliendo el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva que han firmado la patronal y los sindicatos este mes de julio.

UGT se negó a firmar este acuerdo que obliga  a las gerocultoras a limpiar, a requerimiento de la empresa, en detrimento de las que deberían ser sus funciones reales y para las que se han estado formando. En convenio explicita que “las gerocultoras podrán realizar la limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias, cuando en el servicio existan circunstancias que así lo requieran”. Hay que recordar que, actualemente, es imprescindible contar con una acreditación en gerocultura para poder ejercer. Sin embargo, este texto, lejos de reconocer el esfuerzo de formación y ecónomico que han realizado estas trabajadoras para adaptarse a la legalidad exigida, degrada sus condiciones laborales.

Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitarios y Dependencia ha señalado la urgencia de iniciar esta campaña informativa, que se prolongará hasta el próximo otoño, en un sector que aglutina a 180.000 trabajadores y que ahora se encuentran desconcertados. “Existe desinformación, las gerocultoras no saben cuáles son las tareas que les puede exigir la empresa después de esta firma,  eso las hace aún más vulnerables” manifesta Álvarez

Este Convenio ha estado negociándose durante más de tres años y UGT, finalmente, no lo apoyó pues no incorporaba las medidas que FeSP-UGT considera imprescindibles para estampar su firma: no dignifica el trabajo en el sector, precariza aún más las condiciones laborales, pone en riesgo puestos de trabajo  y salarialmente no supone ninguna mejora.

FeSP-UGT estima que se precariza el trabajo del personal gerocultor, ya que lleva aparejada la indefensión de las trabajadoras para discutir a la empresa si las circunstancias requieren o no la realización de dichas tareas. Además la inclusión de este texto irá en detrimento de la contratación del personal de limpieza. Aunque gerocultoras y limpiadoras estén en grupos profesionales diferentes e incluso la administración exige cualificación específica a las gerocultoras, este convenio desvirtúa su trabajo, que debería orientarse exclusivamente a los cuidados. 
UGT insiste en que este convenio no cumple el Acuerdo de Negociación Colectiva, cuyo texto dispone que no habrá salarios por debajo de los 1000 euros en un convenio colectivo. 
Álvarez denuncia que “cada día entran nuevas empresas al sector, lo que demuestra que es económicamente rentable, pero estos beneficios no llegan a las trabajadoras porque este convenio no recoge ninguna recuperación del poder adquisitivo que perdieron durante la crisis. Además incluye una cláusula de ultraactividad por la que no habrá que no habrá subida salarial si el PIB no supera el 2% mientras se esté negociando el convenio.

El texto señala como mejoras cuestiones que ya son de obligado cumplimiento para las empresas pues tanto las sentencias como los acuerdos alcanzados en el SIMA y en la comisión paritaria constituyen el marco normativo para el ámbito de la dependencia. Algunas de estas cuestiones son:


o    Libranza obligatoria completa de un día por cada festivo trabajado.

o    Los días en situación de Incapacidad Temporal  y Lactancia se consideran días trabajados.

o    El descanso semanal obligatorio no podrá ser solapado por el descanso compensatorio de un día festivo del trabajador.

o    En vacaciones se percibirá la parte proporcional de las retribuciones variables.

o    Cuatro días de libre disposición consolidados.

o    Tres veces al año se disfrutará del tiempo indispensable para acompañamiento de menores a la consulta del especialista.

UGT rechaza el VII Convenio Estatal de Dependencia porque no incluye ninguna mejora salarial para los trabajadores

UGT no firmó un texto que degrada las condiciones laborales de las trabajadoras y no incorpora mejorar salariales. UGT trabaja firmemente por la dignificación del sector de la Dependencia y de sus trabajadoras y trabajadores.

Este VII convenio permite a las empresas que exijan a sus gerocultoras que limpien, además de seguir realizando las tareas de cuidado a los dependientes, para las que se han estado formado. Además también pone en serio peligro el trabajo de las limpiadoras.

Todo para las empresas a cambio de nada para las trabajadoras, ni mejoras salariales ni de condiciones de trabajo.

El VII Convenio Estatal de la Dependencia:

- No  incorpora un incremento adicional que permita recuperación de poder adquisitivo por la congelacion de sueldo que hemos sufrido durante la crisis.

- El anterior convenio aseguraba el incremento del IPC en 2018.
En caso de no firmar el VII Convenio de la Dependencia entraría en vigor la cláusula de revisión salarial automática para el caso de ultraactividad del anterior convenio que dispone en la disposición final: "La cláusula de revisión salarial automática para el caso de ultractividad del presente Convenio colectivo contenida en el párrafo segundo del artículo 8 operará en el caso de que, en el momento de ser aplicada, el PIB publicado por el INE u otro organismo público o privado, haya experimentado un incremento anual superior al 2%"

UGT valora positivamente que el Gobierno mejore la financiación para la Dependencia y pide el fin de los contratos precarios del sector

codiciones trabajadores sector ayuda a domicilio

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Castilla y León secundamos la huelga después de agotar todas las vías para alcanzar un posible acuerdo en la negociación del Convenio colectivo del sector.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), es un servicio social público, catalogado como prioritario en la ley de Dependencia así como en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Sin embargo aunque se intenta promover una mayor calidad de las personas dependientes de nuestra comunidad para mantenerlas en el entorno familiar, el desarrollo y aplicación que efectúan las instituciones han relegado este servicio a un estado residual, externalizado y gestionado por empresas privadas, las cuales, priman sus beneficios económicos a la calidad y objeto del servicio, pues sus márgenes empresariales son siempre a costa del trabajo de las auxiliares sin la garantía de los derechos laborales.

La "deriva de la privatización del servicio y su gestión por empresas privadas", es consecuencia de "la degradación del servicio y de los derechos laborales".

Ello ha tenido diversas consecuencias negativas:

  • En el plano asistencial: no se está garantizando este servicio, ni la cobertura necesaria a las personas que precisan del mismo, siendo la intensidad del servicio insuficiente de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias. Por otro lado, el número de horas recortadas en torno al 30% en el conjunto de Castilla y León, permite otorgar servicios de 30 minutos de servicio diario. Por otro lado, desde las propias instituciones se “aconseja” a los usuarios que opten por otro tipo de prestaciones, “las vinculadas”, las cuales se dan sin hacer ningún tipo de control sobre su destino, con lo que no se garantiza el cuidado profesionalizado de las personas dependientes y dando lugar, además, a una economía sumergida, no controlada.
  • En el plano laboral: quienes prestamos este servicio durante décadas no tenemos garantizado el empleo. El recorte de horas ha supuesto Expedientes de Regulación de Empleo camuflados con varios despidos, reducciones de jornadas y mayor flexibilidad horaria. “Nuestro tercer convenio regional de ayuda a domicilio finalizo el pasado 31 de diciembre de 2016, después de haber sido renegociado para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 solamente en tablas salariales, por lo tanto llevamos sin negociar los diferentes artículos del convenio desde el 2009. Entendemos que es tiempo de recuperar la sustracción de los derechos laborales perdidos en los años anteriores y ha llegado el momento de negociar un convenio digno para los trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio con subida salarial de un 2% desde enero de 2018 en base al Acuerdo nacional firmado entre sindicatos y patronal que nos permitiría recuperar la pérdida del poder adquisitivo y con el reconocimiento del 100% del tiempo de trabajo en los periodos de traslado de un hogar a otro, tanto para la zona rural como urbana.
  • Destacamos que después de año y medio de negociación con las asociaciones empresariales estamos en el mismo punto de partida”. El desinterés de la Gerencia de Servicios Sociales, la irresponsabilidad de los “entes locales” y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio, están degradando el servicio y los derechos laborales y además, están permitido que las Empresas gestoras del servicio dispongan de las trabajadoras a demanda.
  • Recordamos que el sector de Ayuda a Domicilio lo conformamos casi en su totalidad mujeres, de mediana edad la mayoría, que nuestra ocupación efectiva la realizamos en solitario, acudiendo de domicilio en domicilio para atender las necesidades básicas de la vida, tales como aseos, movilizaciones, comidas, atención personal, compras, etc.., y prestar apoyo físico y emocional a personas en situación de dependencia. Todo ello sin los recursos y apoyos mecánicos adecuados que impidan que dicha tarea genere un daño a nuestra salud. Somos profesionales y una figura clave en un sistema de atención que incluye diferentes problemáticas de las familias, estamos acreditadas y lo normal es que nuestro esfuerzo se refleje en las condiciones laborales y retributivas del IV Convenio Regional del Sector. Las empresas mayoritarias que se sientan en la mesa de negociación (CLECE, VALORIZA, SERALIA, AZVASE) son las mismas que hoy nos ofrecen “limosnas” para valorar nuestro trabajo. Tenemos una gran cruz en el sector que incluye la precariedad en la contratación a tiempo parcial de manera que la mayoría de las trabajadoras no llegan a los 400€. Somos profesionales dotadas de especiales capacidades para moverse con sutiliza y sensibilidad, con la mira puesta en las personas. Somos pocas las trabajadoras que tenemos jornada completa de 36 horas con un salario estipulado en 873€ y esto indica que somos pocas las que podemos acceder a la situación de jubilación ordinaria, siendo la anticipada un mecanismo muy extendido en la plantilla por la imposibilidad que supone realizar este trabajo con determinada edad, y por el deterioro físico que sufrimos debido a la carga de trabajo y a las inexistentes medidas preventivas adoptadas por las empresas.
  • Respecto al compromiso CCOO y UGT priorizan y defienden la mejora de la calidad del servicio, algo inconcebible sin la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que lo prestan. Por ello, ante la falta de garantías, nos hemos reunido con los políticos para describir nuestras demandas de mejoras laborales y nuestra situación de injusticias. Nosotras cuidamos profesionalmente y nuestra intención no es perjudicar a los dependientes con nuestras reivindicaciones, pero de aceptar las consecuencias, significa que se acepta la lucha sindical más allá de los datos objetivos de la huelga.
  • Ha desaparecido el compromiso de todos los actores implicados para prestar un servicio eficaz. La falta de consenso político por parte del PP, la irresponsabilidad de las administraciones y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio para dar un servicio de calidad, con una buena gestión y una apuesta económica real, están permitiendo que las Empresas gestoras del servicio dispongan de 5.300 trabajadoras a demanda sin derechos para prestar un servicio a 22.278 personas.
  • UGT y CCOO entiende que ha llegado el momento de dar un golpe encima de la mesa para que las administraciones y empresas entiendan que las auxiliares del SAD, somos profesionales que acudimos diariamente a multitud de hogares en pueblos y ciudades y por tanto en igualdad de condiciones tenemos derechos a un convenio digno que está dando respuesta a multiplicidad de situaciones de atención de la vida diaria de las personas. La respuesta de algunas empresas para designar servicios mínimos, es un claro boicot al derecho a huelga, una actitud intolerable que demuestra la falta de garantía de los derechos laborales.

El VII Convenio Marco Estatal de la Dependencia degrada el trabajo de las gerocultoras

UGT no ha firmado dicho Convenio, ya que en su texto recoge que las gerocultoras tendrán que dedicarse a tareas de limpieza a requerimiento de la empresa

Dicho Convenio ha estado negociándose durante más de tres años y no incorpora las mejoras que FeSP-UGT ha defendido durante este tiempo, por lo tanto no lo ha firmado. La organización sindical considera que el texto supone un claro retroceso en las condiciones laborales de las gerocultoras, ya que contempla “que las gerocultoras podrán realizar la limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias, cuando en el servicio existan circunstancias que así lo requieran”.

FeSP-UGT estima que se precariza el trabajo del personal gerocultor, ya que lleva aparejada la indefensión de las trabajadoras para discutir a la empresa si las circunstancias requieren o no la realización de dichas tareas. Además la inclusión de este texto irá en detrimento de la contratación del personal de limpieza. Aunque gerocultoras y limpiadoras estén en grupos profesionales diferentes e incluso la administración exige cualificación específica a las gerocultoras, este convenio desvirtúa su trabajo, que debería orientarse exclusivamente a los cuidados.

UGT denuncia además que este convenio no cumple el Acuerdo de Negociación Colectiva, cuyo texto dispone que no habrá salarios por debajo de los 1000 euros en un convenio colectivo.

Gracia Álvarez, secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, ha afirmado que “cada día entran nuevas empresas al sector, lo que demuestra que es económicamente rentable, pero estos beneficios no llegan a las trabajadoras porque este convenio no recoge ninguna recuperación del poder adquisitivo que perdieron durante la crisis. Además incluye una cláusula de ultraactividad por la que no habrá que no habrá subida salarial si el PIB no supera el 2% mientras se esté negociando el convenio".

El texto señala como mejoras cuestiones que son de obligado cumplimiento para las empresas, ya que tanto las sentencias como los acuerdos alcanzados en el SIMA y en la comisión paritaria constituyen el marco normativo para el ámbito de la dependencia. Algunas de estas cuestiones son:

  • Libranza obligatoria completa de un día por cada festivo trabajado.
  • Los días en situación de Incapacidad Temporal y Lactancia se consideran días trabajados.
  • El descanso semanal obligatorio no podrá ser solapado por el descanso compensatorio de un día festivo del trabajador.
  • En vacaciones se percibirá la parte proporcional de las retribuciones variables.
  • Cuatro días de libre disposición consolidados.
  • Tres veces al año se disfrutará del tiempo indispensable para acompañamiento de menores a la consulta del especialista.

UGT valora positivamente que el Gobierno mejore la financiación para la Dependencia y pide el fin de los contratos precarios del sector

dependencia

La organización sindical hace esta valoración ante el anuncio de Hacienda de traspasarla competencia a las entidades locales, más saneadas económicamente que las Comunidades Autónomas.

UGT ha denunciado sistemáticamente la situación que viven en nuestro país tanto las personas dependientes como las trabajadoras que dispensan este servicio. La promulgación de la Ley de la Dependencia, que venía a dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, no ha cumplido las expectativas.

La Ley se publicitó como una fuente generadora de empleo, pero al no existir dispositivo público suficiente se dio entrada a la participación de empresas privadas, concertando con ellas plazas de residencias, servicios de Teleasistencia y de Ayuda a domicilio. El empleo generado ha resultado ser precario, tanto por las condiciones laborales como por la temporalidad de estos contratos. “Es además un sector muy feminizado, y desde UGT no podemos quedarnos impasibles ante la precarización de estos trabajos desempeñados por mujeres. Las mujeres constituyen una pieza clave en el ejercicio de los cuidados y vamos a luchar por ponerlas en valor”, subraya Gracia Álvarez, responsable del sector de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT.

Álvarez reclama una financiación adecuada y de carácter finalista para la Dependencia e insta a los poderes públicos a cumplir con su obligación: garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la Dependencia cumplan su objetivo tanto en la calidad de la atención a los mayores como en la estabilidad y calidad de las condiciones laborales de estas profesionales.

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